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Auditorías sociales en Sudáfrica: ¿Pueden alcanzar los objetivos?

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La semana pasada tuve la suerte de participar en una reunión con algunos de los principales expertos de Sudáfrica en auditorías sociales, que se reunieron para comparar notas y analizar algunas de las lecciones emergentes de ocho auditorías diferentes organizadas por organizaciones locales de la sociedad civil (CSO). La reunión fue parte de una visita a Sudáfrica de la Junta Global de las Fundaciones de Sociedad Abierta. Se realizó en Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, y fue el sitio de las primeras auditorías sociales realizadas en Sudáfrica, organizadas por la Coalición por la Justicia Social (SJC) y Ndifuna Ukwazi (NU).

Un tema importante en el debate fue la forma en que las auditorías sociales se comparan con el éxito de otras campañas más robustas y huelgas que parecen obtener concesiones del gobierno sudafricano con mayor facilidad. El movimiento llevó a algunos miembros de la reunión a preguntarse si el tipo de campañas que generan auditorías sociales permiten que los gobiernos no se responsabilicen, enterrando sus demandas en políticas y procesos presupuestarios del gobierno en lugar de simplemente obligar al cambio por medio de la movilización masiva, huelgas y otras tácticas de mayor fuerza. También analizamos los beneficios y limitaciones del tipo de credibilidad que una auditoría proporciona a las campañas, y las complejidades de establecer una agenda para una auditoría social.

¿Las auditorías sociales son blandas con el gobierno?

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En contraste con las campañas que son inherentemente más confrontativas, las auditorías sociales invierten ampliamente en desempacar y decodificar las políticas y procesos presupuestarios del gobierno. Con frecuencia comienzan por examinar los documentos oficiales para comprender qué compromisos de entrega de servicios ha realizado el gobierno y cómo podrían ser las contrapropuestas viables. Esto no significa que las auditorías sociales no pueden formar parte de campañas más generales que usen diferentes tácticas para lograr una respuesta del gobierno. Pero este compromiso se basa firmemente en los hechos y cifras que el mismo gobierno divulga en sus documentos oficiales.

Ninguna de estas opciones hace que las auditorías sociales sean “blandas” sobre el gobierno, es simplemente un estilo diferente de obtener y retener la atención del gobierno para interactuar sobre un tema de importancia. La mayoría de los participantes creyó que las auditorías sociales representan un estilo de defensa que vale la pena preservar. Señalaron el poder de los fundamentos de la auditoría social, como la responsabilidad de la comunidad y el uso de evidencia y compromisos sociales para interactuar con el gobierno. Como este enfoque de defensa se basa en una comprensión profunda de los presupuestos y las políticas, las auditorías sociales pueden en algunos casos ser más duras sobre el gobierno, y ciertamente deberían ser más difíciles de ignorar.

¿La credibilidad es importante?

A pesar de estar firmemente basadas en la evidencia, no todos asignan a las auditorías sociales el respeto que merecen. Partes del gobierno sudafricano han elegido cuestionar la validez de los hallazgos de la auditoría y objetan el rigor de la recolección y análisis de datos. Las organizaciones de la sociedad civil en ocasiones han respondido ajustando estos aspectos de sus auditorías sociales. En otros casos, como con la auditoría sobre higiene escolar de Equal Education, las CSO han designado observadores independientemente altamente reconocidos para responder por el rigor del proceso.

Aún así, como señaló un participante: “la legitimidad no garantiza la responsabilidad”. En definitiva, estos desafíos del gobierno no están tan motivados por una inquietud por el rigor científico sino que evitan las preguntas difíciles sobre el desempeño de los funcionarios.  Los observadores independientes y los métodos sólidos pueden dificultar al gobierno desestimar los hallazgos de las auditorías sociales, pero no garantizan la responsabilidad. Por ello, las CSO deben usar otras tácticas, como generar cobertura de los medios y movilizar el apoyo popular.

¿Quién determina la agenda de la auditoría social?

La cuestión de quién decide en qué temas enfocarse es esencial porque la responsabilidad de la comunidad es una parte esencial de una auditoría social. Al mismo tiempo, las auditorías locales están tan cargadas de información y conocimiento que enfocarse en un solo tema con frecuencia las vuelve más efectivas. En las primeras auditorías sociales conducidas en Sudáfrica, las organizaciones basadas en membresías, como SJC y Equal Education, usaron auditorías sociales como parte de campañas continuas donde ya se había determinado la agenda. Esto permitió decidir el tema y obtener el compromiso de las comunidades relevantes.

Las auditorías sociales más recientes, como la conducida por Ndifuna Ukwazi in Wolwerivier, incorporaron a una organización externa para colaborar con la comunidad en la auditoría social. Por este motivo, la cuestión de la agenda se volvió mucho más difícil de manejar. Ayudar a las organizaciones a ver cómo enfocarse en un único tema aumenta el impacto de una auditoría social, pero las comunidades enfrentan tantos problemas en la entrega de servicios y grupos de intereses que puede ser difícil ponerse de acuerdo en un único tema.

Esto presenta algunas preguntas interesantes sobre cómo las auditorías sociales pueden replicarse en Sudáfrica. La situación donde organizaciones externas ayudan a las comunidades a conducir auditorías sociales parece casi necesaria para que sean más generalizadas.  ¿Pero las auditorías sociales efectivas solo pueden ser conducidas como parte de campañas con agendas bien desarrolladas? ¿O pueden adaptarse para ayudar a las nuevas campañas a ajustar sus agendas?

“¿Cómo generamos una revolución de la auditoría social?”

Un participante del taller formuló exactamente esta pregunta. La emoción por las auditorías sociales se ha propagado rápidamente en la sociedad civil sudafricana, y también entre la comunidad del gobierno y de donantes. Esto ha resultado en numerosas solicitudes de capacitación de auditoría social. Pero, como varios participantes han advertido, las auditorías sociales no son una solución mágica para todos los problemas en la entrega de servicios de Sudáfrica y no se prestan a un enfoque único. Cuando un problema en la entrega de servicios es causado por un presupuesto insuficiente en lugar de una implementación deficiente, por ejemplo, una auditoría social puede no ser la mejor forma de proceder.

El SJC, NU, Planact y Equal Education han realizado un trabajo admirable en la promoción de la práctica en Sudáfrica, seleccionando un crecimiento lento pero firme en el número de auditorías y organizaciones que las conducen, permitiendo el progreso de miles de ellas. Incluso han creado una guía de auditorías sociales y han formado una Red de auditorías sociales para respaldar estas nuevas iniciativas. Esta red ahora planea coordinar el organismo creciente de practicantes experimentados en auditorías sociales para garantizar que los nuevos auditores tengan acceso a esta experiencia.

Las auditorías sociales son una herramienta poderosa. Pero saber cómo y cuándo usarlas y comprender sus principios subyacentes es clave para su efectividad. Si bien no son siempre la forma más fácil de incitar al gobierno a responder, el tipo de cambios que buscan alcanzar bien podrían ser revolucionarios.

Authors

Albert van Zyl

Country Manager, South Africa , International Budget Parnership

Albert van Zyl is the International Budget Partnership’s (IBP) South Africa Country Manager. van Zyl joined IBP in 2005 from South Africa where he established and managed the macroeconomic analysis and budget offices in the Western Cape Treasury. Before that he worked at the Budget Information Service (BIS) at the Institute for Democracy in South Africa (Idasa) and directed it from 2000-2002. Most recently he worked as IBP’s Director of Strategy and Learning. Van Zyl holds MA degrees in Politics, Philosophy, and Economy from the Universities of Stellenbosch and Bordeaux, France. He has been published on a range of public finance issues including CSO oversight of budgets, fiscal policy, social service finance, budget transparency, and subnational finance.

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