América Latina y el Caribe: Avances sostenidos en transparencia, pero la vigilancia está perdiendo terreno
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América Latina y el Caribe se encuentra en un momento crítico. La ola de elecciones en 2025 y 2026 está reconfigurando el panorama político, mientras persisten los desafíos más apremiantes de la región. La delincuencia y la violencia continúan amenazando la prosperidad y la seguridad ciudadana de la región (PNUD); la desigualdad sigue siendo una de las más altas del mundo (World Inequality Report 2026); y el crecimiento económico no ha logrado mejorar las condiciones de vida de muchas personas (CEPAL). A medida que aumenta la frustración ante estos desafíos no resueltos, un número creciente de ciudadanos se está inclinando por candidatos ajenos a la política tradicional y por alternativas políticas más extremas.
Según Latinobarómetro 2024, solo el 52 % de las personas latinoamericanas encuestadas manifiesta apoyar la democracia. Al mismo tiempo, la proporción de ciudadanos y ciudadanas que considera aceptable un gobierno no democrático si logra resolver los problemas del país aumentó del 44 % en 2002 al 53 % en 2024.
En toda la región, a las personas les preocupa cada vez menos la manera en que gobiernan los gobiernos y cada vez más si estos logran sus objetivos. El mismo estudio reveló que, en promedio, el 76 % de las personas de la región encuestadas considera injusta o muy injusta la distribución de la riqueza; esta cifra supera el 80 % en Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Perú, lo que pone de relieve la insatisfacción generalizada con los resultados de las políticas económicas y sociales.
En el fondo, estas percepciones reflejan un desafío fundamental: la democracia debe dar resultados. Cuando las personas no ven que los compromisos políticos se traducen en comunidades más seguras, servicios de salud y educación de calidad u oportunidades laborales, se desilusionan.
El proceso presupuestario es un espacio esencial para que la ciudadanía evalúe si los gobiernos están cumpliendo sus compromisos mediante inversiones concretas. Aunque América Latina y el Caribe ha logrado avances en materia de transparencia presupuestaria y participación pública, las facultades de vigilancia, que pueden hacer que los gobiernos rindan cuentas por los resultados obtenidos, se están debilitando.
En consecuencia, la brecha entre las instituciones formales encargadas de exigir rendición de cuentas y las expectativas de la ciudadanía continúa ampliándose. Sin mecanismos más sólidos de rendición de cuentas presupuestaria, los gobiernos tendrán dificultades para restablecer el contrato social y demostrar que la democracia puede lograr resultados significativos.
¿Qué es la Encuesta de Presupuesto Abierto?
Implementada a nivel mundial desde hace más de dos décadas, la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) es un referente reconocido internacionalmente para evaluar la rendición de cuentas de los gobiernos en materia de finanzas públicas. Evalúa la rendición de cuentas a partir de tres pilares:
Transparencia
¿Existe información oportuna, accesible y completa sobre cómo se planifican y ejecutan los presupuestos públicos?
Participación pública
¿Cuentan la sociedad civil y el público en general —incluidos los grupos históricamente excluidos— con oportunidades estructuradas para participar en momentos clave e influir en las decisiones presupuestarias?
Vigilancia
¿Cuentan las legislaturas y las instituciones de auditoría con las facultades y las prácticas necesarias para revisar el presupuesto y vigilar su ejecución?
En conjunto, estos tres pilares determinan si la ciudadanía y sus representantes pueden observar cómo se planifica y gasta el dinero público, cuestionar las decisiones y las desviaciones respecto de lo previsto, e influir en las prioridades antes y durante la ejecución presupuestaria. En este sentido, la encuesta funciona como un indicador de la credibilidad democrática de las finanzas públicas: muestra si los sistemas presupuestarios son suficientemente abiertos como para fomentar la confianza, permitir el cuestionamiento de las decisiones y facilitar medidas correctivas.
Análisis regional de la OBS 2025 para América Latina y el Caribe
El estado de la rendición de cuentas presupuestaria nacional en la región
La edición 2025 de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS), que abarca 11 países de América Latina y el Caribe, muestra avances importantes y resiliencia en algunas áreas, junto con brechas persistentes en otras. Desde 2019 hasta 2023, la transparencia presupuestaria y la participación pública registraron pocos cambios, pero ambas aumentaron considerablemente en 2025, hasta alcanzar 57 y 26 puntos (sobre 100), respectivamente.
Si bien la transparencia y la participación pública han mejorado, la vigilancia —históricamente uno de los pilares más sólidos de la rendición de cuentas en la región— se está debilitando. La vigilancia legislativa se ha estancado desde 2019, mientras que la que ejercen las entidades fiscalizadoras superiores disminuyó en más de la mitad de los países evaluados. En ambos casos, la erosión se observa en la práctica, no en el marco formal: la legislatura y las instituciones de auditoría conservan sus mandatos, pero hacen un menor uso de sus facultades.
Esto es importante porque es en el seno de la legislatura donde se debaten y aprueban los presupuestos, y donde los gobiernos deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. A medida que disminuye este escrutinio, también se debilita el vínculo entre el dinero público y las necesidades de la población.
El futuro de la rendición de cuentas presupuestaria en América Latina y el Caribe no dependerá únicamente de que se logren nuevos avances en materia de transparencia, sino también de la capacidad de los países para preservar y fortalecer las instituciones encargadas de hacer que los gobiernos rindan cuentas por los resultados. A medida que aumenta la impaciencia de la ciudadanía ante las promesas incumplidas, el riesgo no es solo un debilitamiento de la rendición de cuentas, sino una creciente desconexión entre las expectativas de la población y el desempeño de los gobiernos, con consecuencias para el futuro de la resiliencia democrática.
Esta desconexión también puede atribuirse a una tendencia importante que afecta a la región: la reducción del espacio cívico. Según CIVICUS, alrededor del 60 % de la población de las Américas vive actualmente en países donde el espacio cívico está clasificado como «obstruido». Esto significa que la ciudadanía, la sociedad civil, periodistas y activistas tienen cada vez menos oportunidades para monitorear la actuación de los gobiernos, exigirles que rindan cuentas e influir en las políticas públicas.
Al restringir la participación pública, los gobiernos pierden tanto una fuente crucial de opinión como mecanismos de vigilancia independiente, lo que debilita las instituciones democráticas y su capacidad para responder a las necesidades de la población.
La transparencia sigue avanzando, pero cesa cuando comienza el riesgo fiscal
América Latina y el Caribe ha mantenido una de las trayectorias más sostenidas de mejora de la transparencia presupuestaria que ha registrado la Encuesta de Presupuesto Abierto. Desde 2019, siete de los once países evaluados en esta ronda han mejorado sus puntuaciones de transparencia, y el promedio regional alcanzó los 57 puntos en 2025. Estos avances han resistido cambios de gobierno de distintas tendencias ideológicas, crisis fiscales y las perturbaciones provocadas por la pandemia, lo que demuestra un grado de resiliencia institucional que distingue a la región. A lo largo de los distintos ciclos políticos, las puntuaciones de transparencia se mantuvieron más estables que las de participación pública o vigilancia.
Sin embargo, esta resiliencia es desigual y el promedio regional oculta grandes disparidades. Con 83 puntos, Brasil registra la puntuación de transparencia más alta entre todos los países evaluados en esta ronda de la OBS, mientras que Bolivia se mantiene entre los últimos, con 11 puntos. Países como República Dominicana, Guatemala y Chile mejoraron sus puntuaciones, en gran medida gracias a la ampliación del nivel de detalle y la exhaustividad de los documentos presupuestarios existentes, con avances en las estimaciones plurianuales del gasto, información más detallada sobre los ingresos, las previsiones macroeconómicas y la información sobre políticas y gastos tributarios. Bolivia siguió una trayectoria diferente: en todas las rondas de la OBS desde 2015, su Proyecto de presupuesto del ejecutivo se ha elaborado únicamente para uso interno, con la excepción de 2021, cuando se puso a disposición del público.
El hallazgo más significativo se encuentra detrás de las puntuaciones generales. Los avances de la región se han concentrado principalmente en los documentos presupuestarios fundamentales y en la información básica que contienen sobre gastos e ingresos. En cambio, persiste la falta de transparencia precisamente en las áreas del presupuesto que conllevan mayores riesgos fiscales: los pasivos contingentes, los atrasos en el pago de gastos, los fondos extrapresupuestarios, las actividades cuasifiscales y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La información sobre la deuda en el proyecto de presupuesto también es desigual: el 91 % de los países evaluados publica las cifras esenciales sobre endeudamiento y deuda, pero solo el 36 % muestra cómo está estructurada esa deuda, es decir, si es interna o externa y cuáles son sus plazos de vencimiento. Un porcentaje aún menor, solo el 27 %, publica los tipos de interés de la deuda pendiente. Es precisamente en la composición de la deuda donde reside el riesgo: un nivel de deuda que en términos generales parece manejable puede seguir estando muy expuesto a variaciones de los tipos de interés y de cambio, así como a presiones derivadas de vencimientos a corto plazo. En la mayor parte de la región, esta exposición no está a la vista del público ni de las instituciones encargadas de examinarla.
Estas brechas adquieren aún mayor importancia en el contexto fiscal que enfrenta actualmente la región. En el documento de la CEPAL Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2026 se señala que América Latina enfrenta presiones fiscales persistentes y un espacio fiscal limitado, con una deuda pública promedio de los gobiernos centrales equivalente al 52,3 % del PIB. En este contexto, resulta cada vez más urgente fortalecer la movilización de recursos internos, y las áreas del presupuesto que más necesitan ser sometidas a escrutinio son precisamente aquellas sobre las que existe menos información. El dinero que se difiere mediante atrasos en el pago de gastos y pasivos contingentes, que se excluye del presupuesto a través de fondos extrapresupuestarios y actividades cuasifiscales, o que permanece poco visible debido a información incompleta sobre activos, composición de la deuda y sostenibilidad fiscal, es precisamente el que resulta menos visible para el público. La transparencia en América Latina y el Caribe ha avanzado, pero lo ha hecho de manera superficial. La próxima etapa de progreso dependerá de lograr una mayor transparencia en aquellas áreas en las que las decisiones fiscales son más difíciles de rastrear y en las que las consecuencias distributivas son mayores.
Hay un ámbito en el que América Latina y el Caribe está marcando el camino. En materia de divulgación de los gastos tributarios —los ingresos que los gobiernos dejan de percibir mediante exenciones, deducciones y tasas preferenciales—, el promedio regional se sitúa muy por encima del de todas las demás regiones evaluadas. También ha mejorado la información reportada sobre las distintas fuentes de ingresos: actualmente, todos los países desglosan las fuentes individuales de ingresos en sus informes de fin de año, y en esta ronda de la OBS también mejoró la información divulgada durante el ejercicio presupuestario.
Estos avances son especialmente importantes en esta región. En una región con los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo, los gastos tributarios se encuentran entre los instrumentos fiscales con mayores implicaciones y menos visibles de los que dispone un gobierno: representan una pérdida de ingresos determinada a través de un código tributario, en lugar del presupuesto, que rara vez se somete a debate y que a menudo beneficia a quienes cuentan con los medios para acceder a estas ventajas.
Estos avances no se deben únicamente a la acción de los gobiernos. IBP, sus organizaciones socias y otros actores de la sociedad civil de toda la región han trabajado durante años para incorporar los gastos tributarios a la agenda de transparencia y exigir una mayor rendición de cuentas sobre su utilización.
La región también está contribuyendo a impulsar este debate más allá de sus fronteras. La Plataforma Regional de Cooperación Tributaria, impulsada por Brasil, Colombia y Chile, con sede en la CEPAL, promueve el intercambio de conocimientos y la construcción de posiciones comunes en materia de política tributaria. Sin embargo, su continuidad no está garantizada: las recientes elecciones en varios de los países que impulsaron esta iniciativa han dado lugar a nuevos gobiernos con prioridades muy distintas.
No obstante, la divulgación de información no equivale a tener capacidad de incidencia. Estos avances son el resultado de una participación y una demanda sostenidas por parte de la sociedad civil, más que de una apertura espontánea de los gobiernos, y la transparencia por sí sola no ha reducido la influencia que los intereses de grupos poderosos siguen ejerciendo sobre la política tributaria. La región ha desarrollado la capacidad de ver con mayor claridad cómo funciona el sistema tributario. Lo que todavía no ha desarrollado es la capacidad de transformarlo.
Otras prácticas innovadoras en la región de América Latina y el Caribe
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- 91 % proporciona datos descargables y en formatos legibles por máquina.
- 82 % proporciona datos plurianuales
- 73 % ofrece herramientas interactivas
- 73 % publica metadatos documentados
- 64 % vincula las asignaciones presupuestarias con programas específicos
- 55 % ofrece actualizaciones en tiempo real o casi en tiempo real
- Solo 36 % publica indicadores basados en resultados
La participación pública está aumentando, pero los avances siguen siendo vulnerables a los cambios políticos
América Latina es una región ampliamente reconocida por haber sido pionera en innovaciones democráticas orientadas a incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Una de las primeras y más influyentes experiencias de participación pública en la elaboración de presupuestos surgió en la década de 1980 en Porto Alegre, Brasil. A partir de esta experiencia, el presupuesto participativo se convirtió en uno de los mecanismos de participación más conocidos y replicados en todo el mundo.
En un principio, estas iniciativas fueron impulsadas por movimientos sociales, organizaciones de base, sindicatos y partidos políticos populares que buscaban garantizar que la ciudadanía tuviera voz en la definición de prioridades, la asignación de recursos públicos y el monitoreo de la ejecución de los presupuestos municipales y la prestación de servicios públicos.
Con el tiempo, se introdujeron en América Latina y el Caribe nuevos mecanismos de participación a nivel del gobierno nacional y en distintas etapas del ciclo presupuestario, incluidas la formulación, la ejecución y la vigilancia del presupuesto. Estos mecanismos han sido establecidos por diversas instituciones públicas, entre ellas el ejecutivo, la legislatura y las entidades fiscalizadoras superiores (EFS).
Los resultados más recientes de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) muestran una mejora sostenida de la participación pública en toda la región desde 2019.
Crear y mantener oportunidades significativas para la participación pública en el proceso presupuestario requiere compromiso político. En esta ronda de la OBS, Brasil y Guatemala se destacan por sus esfuerzos para ampliar la participación ciudadana, tras cambios en el liderazgo político que otorgaron mayor importancia a la participación. La República Dominicana también demuestra esfuerzos sostenidos en este sentido.
Puntuaciones destacadas de participación pública en países de América Latina y el Caribe
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No todos los países de la región han seguido esta tendencia positiva. La puntuación de participación pública de El Salvador ha disminuido 13 puntos desde 2021, lo que refleja una reducción de las oportunidades para que el público participe en el proceso presupuestario. El Salvador y Nicaragua, con una puntuación de 7 sobre 100, tienen actualmente los niveles más bajos de participación pública de la región, en consonancia con la contracción más amplia del espacio cívico en ambos países.
Los resultados de la OBS 2025 demuestran que es posible avanzar en materia de participación pública cuando los gobiernos realizan esfuerzos deliberados para crear y fortalecer canales de participación ciudadana. Estas puntuaciones reflejan si estos canales existen y en qué medida están bien diseñados, pero no hasta qué punto los aportes del público influyen finalmente en las decisiones presupuestarias. Es esencial mantener un compromiso político sostenido para transformar iniciativas aisladas en prácticas duraderas que mejoren la rendición de cuentas y fortalezcan la confianza pública en la toma de decisiones presupuestarias.
Las instituciones encargadas de la vigilancia tienen el mandato, pero cada vez lo ejercen menos.
Si la transparencia y la participación pública constituyen la historia de éxito de la región, la vigilancia representa su señal de alerta. Tanto las legislaturas como las entidades fiscalizadoras superiores enfrentan presiones, aunque de distinta naturaleza.
La vigilancia legislativa se ha estancado. La puntuación regional ha oscilado entre 52 y 54 desde 2019, y en 2025 alcanza el nivel más bajo de ese período. Esta línea plana no representa estabilidad sino más bien una falta de avances y, en el fondo, se observan cambios más pronunciados.
La señal de alerta más clara se registra en Argentina, donde la puntuación de vigilancia legislativa cayó de 44 a 28, el descenso más importante en esta ronda entre los 11 países evaluados. Durante dos años consecutivos, el Congreso no aprobó un presupuesto nacional. El presupuesto de 2024, elaborado durante la transición electoral de 2023, fue enviado al Congreso, pero nunca llegó a debatirse debido al bloqueo político, y el presupuesto de 2023 se prorrogó a 2024 por decreto ejecutivo. Como consecuencia, el presupuesto quedó determinado por una decisión del ejecutivo en lugar de contar con la aprobación de la legislatura, no porque se la excluyera, sino debido a su inacción. En 2025 se produjo una situación similar: la propuesta llegó a la comisión, pero quedó estancada y no se emitió un dictamen final. Cuando la legislatura no ejerce su función esencial de examinar y aprobar el presupuesto, la función de vigilancia se debilita, incluso cuando el marco jurídico lo permite.
En Brasil observamos lo contrario en términos de extralimitación de la legislatura. En este país, el Congreso ha asumido el control de una proporción cada vez mayor de las asignaciones presupuestarias mediante enmiendas parlamentarias, o emendas parlamentares, que otorgan a legisladores individuales discrecionalidad directa para decidir dónde se gastan los recursos. En el extremo opuesto, en El Salvador y Nicaragua, el dominio del ejecutivo deja a la legislatura un margen prácticamente nulo para ejercer su función de vigilancia. En conjunto, de estos casos se extrae una misma lección: una legislatura activa no es necesariamente eficaz, y las facultades formales de vigilancia tienen poco valor si no existen la independencia política y la voluntad de utilizarlas en beneficio del interés público.
Las instituciones de auditoría siguen siendo comparativamente sólidas, pero se encuentran cada vez más aisladas: la puntuación regional de vigilancia por parte de las instituciones de auditoría es de 66, frente a 52 para la vigilancia legislativa. Esta diferencia refleja una brecha más amplia entre la arquitectura formal que garantiza la independencia de las instituciones de auditoría y el escrutinio y monitoreo necesarios para que esa independencia tenga un propósito. Las garantías frente a la destitución de la máxima autoridad de la institución de auditoría, la autonomía para decidir qué auditar y la existencia de mandatos claros son ahora prácticamente universales en los 11 países. Lo que se está debilitando es el sistema más amplio de rendición de cuentas que las rodea. En la mayoría de los países, los informes de auditoría llegan a las legislaturas, pero no son examinados; los procesos de auditoría rara vez son revisados por un organismo independiente; y las máximas autoridades de las instituciones de auditoría son convocadas a comparecer ante comisiones legislativas con menor frecuencia que en el pasado.
El hallazgo más revelador es de carácter estructural. Por lo que respecta al examen por parte de una comisión legislativa del informe de auditoría de las cuentas anuales y a la publicación de sus conclusiones, el 64 % de los países obtuvo una puntuación de cero durante todo el período comprendido entre 2019 y 2025. En la mayor parte de la región, el círculo que debería conectar los hallazgos de los auditores con los legisladores capaces de actuar al respecto está roto. Las instituciones de auditoría realizan hallazgos importantes que caen en saco roto y tienen escasas consecuencias en la práctica. En una región donde la ciudadanía se pregunta cada vez con mayor insistencia si sus gobiernos realmente cumplen, que las entidades de auditoría funcionen de manera aislada del resto del sistema de rendición de cuentas no constituye una mera deficiencia técnica; representa un fallo de gobernanza.
El problema no se limita a la falta de acción por parte de las legislaturas. Incluso cuando se elaboran y examinan los informes de auditoría de las cuentas anuales, rara vez existe un registro público de lo que sucede a continuación, ya que casi nadie cierra el círculo informando sobre las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a dichos hallazgos. Solo en Brasil y Perú el ejecutivo, la institución de auditoría o la legislatura publican informes que dan seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a las recomendaciones o hallazgos de las auditorías. En el resto de la región, el rastro se pierde una vez publicado el informe de auditoría: se presentan los hallazgos, pero no existe un registro público que permita saber si alguien tomó medidas al respecto.
Es aquí donde la zona de riesgo se vuelve concreta. El círculo de rendición de cuentas mediante auditoría, que permitiría a un ciudadano saber si un gobierno está cumpliendo con sus funciones, consta de cuatro pasos: la institución de auditoría examina si los programas realmente alcanzan sus objetivos; el ejecutivo informa sobre las medidas adoptadas en respuesta a los hallazgos de la auditoría; la institución de auditoría o la legislatura publica de manera independiente su propio informe sobre las medidas adoptadas por el ejecutivo; y una comisión legislativa examina la auditoría de las cuentas anuales y publica sus conclusiones.
En la mayor parte de la región no se lleva a cabo al menos uno de estos pasos y, con frecuencia, varios. Cuando este círculo se rompe, resulta imposible verificar de manera independiente los resultados logrados, y el vacío que se crea lo ocupa un tipo de políticas diferente. Como se señaló anteriormente, una proporción cada vez mayor de la ciudadanía afirma que aceptaría un gobierno no democrático si este resolviera los problemas del país. Este sentimiento no refleja únicamente frustración ante la falta de resultados; también responde a la ausencia de mecanismos creíbles para comprobar si esos resultados realmente se están logrando. Cuando las instituciones que deberían verificar el cumplimiento no pueden hacerlo, a la ciudadanía solo le quedan promesas que no tiene forma de comprobar.
Formas de fortalecer la rendición de cuentas presupuestaria en la región
Transparencia
Objetivo
Profundizar la divulgación de información en aquellas áreas del presupuesto donde los riesgos fiscales y las consecuencias distributivas son más importantes.
Recomendaciones
Los poderes ejecutivos deben presentar un panorama completo de los riesgos fiscales en la propuesta de presupuesto y la documentación de respaldo, incluidos los pasivos contingentes, los atrasos en los pagos, las actividades cuasifiscales, los fondos extrapresupuestarios, los activos financieros y no financieros, y las proyecciones de sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Los poderes ejecutivos deben publicar información sobre la deuda que vaya más allá del saldo pendiente e incluya su composición, moneda, tipos de interés y perfil de vencimiento, de modo que las legislaturas, los auditores y el público puedan evaluar el grado de exposición al riesgo y no solo el volumen de la deuda.
En los países que se encuentran rezagados, los poderes ejecutivos deben aumentar la información que publican sobre gastos tributarios hasta el estándar ya establecido por los países de la región que lideran en este ámbito, e ir más allá de las estimaciones de ingresos no percibidos para identificar quiénes se benefician y evaluar si estos instrumentos cumplen los objetivos establecidos.
Los poderes ejecutivos deben presentar la información presupuestaria en un único lugar y en formatos legibles por máquina, para que su divulgación se traduzca en un uso efectivo por parte de la ciudadanía.
Buenas prácticas
La República Dominicana se encuentra entre los pocos países que divulgan información relativa a las áreas que conllevan mayores riesgos fiscales, sobre las cuales la mayor parte de la región sigue siendo poco transparente. Brinda información sustancial sobre sus activos financieros, pasivos contingentes y sostenibilidad fiscal a largo plazo; esta última se sustenta en un análisis explícito del riesgo que representa el sistema estatal de pensiones. Asimismo, proporciona información parcial sobre activos no financieros, atrasos en los pagos y fondos extrapresupuestarios. Además, se encuentra entre los países líderes de la región en materia de gastos tributarios, ya que divulga no solo los ingresos no percibidos, sino también los beneficiarios previstos de cada medida preferencial. También presenta la información presupuestaria en formatos que facilitan su uso: seis de los documentos presupuestarios que publica incluyen datos numéricos en formatos legibles por máquina. Esto no sucedió de la noche a la mañana. La República Dominicana ha registrado los avances más constantes en materia de transparencia de la región a lo largo de sucesivas rondas de la OBS, fortaleciendo el contenido de los documentos que ya publicaba en lugar de depender de una sola reforma. Ese enfoque constante y acumulativo es lo que convierte la divulgación de información en una práctica duradera, más que una mejora aislada.
Participación pública
Objetivo
Institucionalizar la participación pública para que perdure más allá de los ciclos políticos y llegue a las personas y grupos más afectados por el presupuesto.
Recomendaciones
Los gobiernos deben establecer mecanismos de participación en todas las etapas del ciclo presupuestario, incluida la ejecución, que sigue siendo la etapa en la que existen menos oportunidades para la participación pública.
Los gobiernos deben informar públicamente sobre cómo se utilizaron los aportes del público, de modo que la participación se convierta en un intercambio y no en una consulta unidireccional.
Los mecanismos de participación deben diseñarse para llegar a grupos históricamente menos representados, mediante esfuerzos específicos para identificar e involucrar a las personas y grupos más afectados por el presupuesto.
Las legislaturas y las instituciones de auditoría deben abrir sus propios procesos a los aportes del público, ampliando la participación más allá del ejecutivo para incluir también las etapas de aprobación y vigilancia.
Buenas prácticas
Los mecanismos más sólidos de la región muestran cómo se pueden llevar a la práctica las recomendaciones anteriores. Estos mecanismos llegan más allá de los participantes habituales, abarcan distintas etapas del ciclo presupuestario y cierran el proceso de retroalimentación al informar sobre cómo se utilizaron los aportes recibidos. Guatemala realizó esfuerzos excepcionales para ampliar el acceso, publicando invitaciones a participar en cuatro idiomas —español, mam, kaqchikel y q’eqchi’— con el fin de llegar a los pueblos indígenas. En la República Dominicana, las prioridades presupuestarias se establecen a través de consejos locales y regionales, pasando del ámbito municipal al provincial antes de incorporarse al presupuesto nacional. Además, el ejecutivo publicó un documento en el que se enumeraban los aportes recibidos y se resumía cómo se habían utilizado en la formulación del presupuesto anual. Brasil fue el país que más amplió la participación pública a lo largo del ciclo presupuestario. Su proceso de elaboración del plan plurianual involucró a movimientos sociales que representan a poblaciones desatendidas tanto en la etapa de formulación como en la de monitoreo, elaboró un informe público con las aportaciones recibidas y habilitó una plataforma en línea para monitorear la implementación, abarcando así la etapa de ejecución, donde las oportunidades de participación pública suelen ser más limitadas. Cada uno de estos mecanismos combina la inclusión de diversas voces con la capacidad de respuesta al mostrar qué se hizo con dichas aportaciones; es precisamente esta combinación la que transforma la consulta en influencia real.
Vigilancia
Objetivo
Cerrar el círculo entre los hallazgos de las auditorías y la adopción de medidas, de modo que la vigilancia permita determinar si los gobiernos realmente cumplen sus objetivos.
Recomendaciones
Los ejecutivos deben publicar informes periódicos sobre los pasos que están dando para responder a los hallazgos y recomendaciones de las auditorías.
Las instituciones de auditoría y las legislaturas deben publicar informes que den seguimiento a las medidas adoptadas por el ejecutivo en respuesta a las recomendaciones de las auditorías, de modo que el seguimiento quede registrado públicamente en lugar de limitarse a comunicaciones internas.
Las legislaturas deben examinar de manera oportuna los informes de auditoría, publicar sus hallazgos y recomendaciones, y celebrar audiencias periódicas con las instituciones de auditoría.
Buenas prácticas
Perú es el país de la región que más se acerca a cerrar el círculo de rendición de cuentas mediante auditorías. Su Contraloría General publica informes que dan seguimiento a las medidas adoptadas por el ejecutivo en respuesta a las recomendaciones de las auditorías, y una comisión legislativa examina el informe de auditoría y publica sus conclusiones, una medida que ocho de los once países evaluados no llevan a cabo en absoluto. Perú también ha abierto este círculo al público: desde 2023, la Contraloría General se reúne con organizaciones de la sociedad civil para recoger sus aportes al Plan Nacional de Control y, en esta ronda de la OBS, publicó información explicando cómo se utilizaron esos aportes. En conjunto, estas prácticas conectan a las instituciones de auditoría, los legisladores y el público en un proceso en el que los hallazgos conducen a acciones concretas. Perú demuestra que los pasos que no se dan en otros países no responden a una falta de capacidad institucional, sino a las prácticas adoptadas, y que es posible incorporarlos.
Una mirada más en profundidad a la sociedad civil de América Latina y el Caribe y a nuestras colaboraciones en la región
En América Latina y el Caribe, la sociedad civil ha sido una presencia constante. Ha desempeñado un papel esencial en el avance de la rendición de cuentas: sosteniendo el escrutinio allí donde las legislaturas no han ejercido su función de vigilancia; manteniendo la participación pública allí donde los mecanismos formales se han cerrado; promoviendo la inclusión de grupos que el presupuesto con demasiada frecuencia contabiliza, pero no consulta; y convirtiendo la información presupuestaria en argumentos que conectan con las experiencias concretas de las personas. Las organizaciones socias han contribuido a hacer más comprensibles los debates tributarios, a incorporar los aportes del público en los programas de auditoría y a evaluar si los presupuestos cumplen lo que prometen. La resiliencia documentada en este informe no es únicamente institucional. Se sustenta en una infraestructura cívica que se ha mantenido a pesar de los cambios políticos y es una de las principales razones por las que los avances logrados durante las últimas dos décadas no se han revertido.
IBP ha colaborado ampliamente con organizaciones de la sociedad civil de toda la región para promover la rendición de cuentas en la práctica. A continuación, presentamos algunas historias, proyectos y análisis en los que organizaciones socias han utilizado pruebas sobre el presupuesto para impulsar cambios en sus comunidades.
Para hacerle frente a los goliats del mundo, se necesita a muchos como david y tiempo en abundancia
Crédito de la imagen: Fundar
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Crédito de la imagen: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
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El Salvador partners reflect on the power of budget advocacy training
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Latin America Tax Expenditure Research, Analysis and Learning (LATERAL) project
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Integrating gender and climate change in public budgeting: The case of Mexico
Crédito de la imagen: Marisol Benitez/ Unsplash
Socios de la Encuesta de Presupuesto Abierto
| Argentina | Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia | Sitio web | |
| Bolivia | Fundación Jubileo | Sitio web | |
| Brasil | Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos | Sitio web | |
| Chile | Observatorio Fiscal del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central | Sitio web | |
| República Dominicana | Fundación Solidaridad | Sitio web | |
| El Salvador | Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) | Sitio web | |
| Guatemala | Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) | Sitio web | |
| Honduras | Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) | Sitio web | |
| Jamaica | Caribbean Policy Research Institute (CAPRI) | Sitio web | |
| Nicaragua | Expediente Abierto | Sitio web | |
| Perú | Ciudadanos al Día | Sitio web |
Laura Castillo Cabral
Alex Ciconello
Andrés Ponce Morales
Elena Mondo
Cynthia Romero
Sally Torbert
Cosette Wong Highfill
Rajan Zaveri
Lilianna Ziedins
