You are viewing the Spanish translation of this post. View the English version here.
Nigeria ha tenido una falta de transparencia y rendición de cuentas de sus finanzas públicas durante mucho tiempo. El último ciclo de la Encuesta de Presupuesto Abierto halló que, a pesar del progreso logrado entre 2012 y 2015, el presupuesto nacional de Nigeria sigue siendo uno de los menos transparentes en África Subsahariana.
Sin embargo, bajo el sistema de gobernanza federal del país, los gastos a nivel nacional son solo una parte de la historia. Los gobiernos estatales no solo reciben una porción significativa los ingresos provenientes del petróleo, sino que también tienen el poder de recaudar fondos en forma independiente, incluso a través del impuesto a los ingresos. Los estados comparten la responsabilidad de prestar servicios básicos como salud, educación e inversiones en agricultura (ver, por ejemplo, las carteras del gobierno estatal de Lagos). De hecho, alrededor del 47 por ciento de todos los gastos de capital (inversiones en infraestructura, pobreza y equipos) fluye a través de ofertas estatales. En general, la eficacia de los gobiernos estatales, y la transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos estatales, son fundamentales.
Entonces, ¿cuán transparentes y participativos son los presupuestos estatales en Nigeria?
Un nuevo informe del Centro de Desarrollo y Documentación de Recursos Civiles (CIRDDOC) aporta nuevas perspectivas sobre esta cuestión. Sus hallazgos se basan en una encuesta subnacional que mide la transparencia presupuestaria, la participación y la disponibilidad de información sobre adquisiciones públicas en los 36 estados de Nigeria. Al igual que con la transparencia presupuestaria nacional, la encuesta halló grandes carencias en la cantidad de información presupuestaria que se pone a disposición a nivel estatal: el puntaje promedio de transparencia presupuestaria estatal fue de solo 26 de 100 (el puntaje promedio para la participación fue también 26; mientras que para el suministro de información sobre adquisiciones fue 30).
Sin embargo, además de los promedios, la encuesta descubrió una variación considerable de un estado a otro. Dos estados (Ekiti y Cross River) tuvieron un puntaje mucho más alto que el resto en las tres mediciones. Lagos, la capital comercial del país, ocupa el tercer lugar. Seis estados (Kaduna, Edo, Kwara, Katsina y Oyo) se encuentran en la parte más baja del índice compuesto, con puntajes bajos en las tres mediciones.
La transparencia presupuestaria se evaluó en función de si los estados elaboran y publican siete documentos presupuestarios clave. A diferencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto, que solo otorga puntaje a los documentos presupuestarios que se publican oportunamente, los estados recibieron puntos por elaborar el documento, y el puntaje era más alto si el documento se publicaba. El informe descubrió que la mayoría de los documentos se elaboraban en al menos la mitad de los estados, pero en muchos menos estaban a disposición del público. Solo un estado (Cross River) publicaba un Presupuesto Ciudadano.
El informe explora si el nivel de ingresos, el entorno legislativo o el grado de dependencia del petróleo explican los distintos puntajes. Resulta interesante que ninguno de estos factores parece explicar la variación en los puntajes. Los estados más ricos no parecen ser más transparentes o participativos, todos dependen en forma relativa del petróleo para obtener ingresos, y los estados que implementan disposiciones legales sobre la transparencia presupuestaria parecen no poder implementar lo que estas disponen. El informe concluye que la voluntad política parece ser el factor decisivo: el progreso ha estado impulsado en gran medida por gobiernos estatales individuales que priorizan reformas y garantizan su implementación.
Anteriormente en el año, un nuevo gobierno dirigido por el Presidente Muhammadu Buhari llegó al poder en el marco de una plataforma para limpiar el gobierno. Y, desde entonces, el presidente ha sugerido que abordar la corrupción y la mala administración de los recursos públicos son cuestiones centrales para su agenda de gobernanza. De hecho, la Ministra de Finanzas recientemente nombrada, Kemi Adeosun, anunció hace poco que se establecería una nueva unidad de eficiencia para abordar el derroche de los gastos públicos.
Tales esfuerzos son bastante oportunos, ya que se espera que el desplome global del precio del petróleo afecte adversamente los ingresos. Pero fortalecer la vigilancia desde dentro del gobierno solo impulsará el progreso como hasta ahora. La sociedad civil y los medios deberían reconocerse como aliados importantes en el esfuerzo por lograr mayor eficiencia y rendición de cuentas.
Como lo demuestran los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto y la Encuesta de Transparencia Presupuestaria de los Estados de Nigeria, la capacidad de las OSC y los medios de responsabilizar al gobierno está seriamente limitada por la falta de información presupuestaria y de espacio para participar en las decisiones presupuestarias. Además de establecer nuevas unidades en el ministerio de finanzas, el gobierno de Buhari debería alentar el escrutinio por parte de las OSC, los periodistas y el público para verificar que se publique la información necesaria sobre la elaboración deficiente de presupuestos y las prácticas ineficaces.
Aunque pareciera que existe la voluntad política y la obligación de cambio, la pregunta sigue siendo: ¿impulsará el gobierno cambios mediante una apertura o aumentando el control?